El Gobierno autoriza la ampliación del presupuesto de la Fundación tutelar canaria FUCAS
Para este ejercicio se incrementa en cerca de un millón de euros que irán destinados a cubrir nuevos gastos
El Gobierno de Canarias ha autorizado, en la sesión celebrada hoy del Consejo de Gobierno, la variación del presupuesto de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social M.P. (FUCAS), adscrita a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y correspondiente al año 2022, que supondrá un aumento de 968.161,42 euros.
Este incremento se desglosa en 646.181,44 euros para gastos de personal, principalmente por el aumento del número de efectivos de la plantilla. Este aumento viene como consecuencia de las contrataciones realizadas para poder atender las necesidades surgidas tanto para la ejecución de nuevos Servicios, como por el aumento por encima de las estimaciones previstas de las personas curateladas. Los 321.979,98 euros restantes van destinados a cubrir gastos generales de mantenimiento.
Entre los nuevos servicios que no estaban previstos en los presupuestos aprobados en 2022 destaca el Servicio de Atención Temprana ambulatoria en el CPEE Concertado La Casita, así como el encargo para realizar funciones de carácter material en el ámbito de familias numerosas, de dependencia y del “Programa Bicácaro” para la intervención en los centros educativos.
El Gobierno destina 680.000 euros a la urbanización de una nueva fase de la zona comercial abierta de El Paso
Comercio de Canarias busca reactivar y dinamizar esta área con una inversión en urbanismo comercial en la Avenida Islas Canarias
El Gobierno de Canarias aprobó este jueves un crédito de 680.000 euros para el proyecto, por razones de coyuntura económica, de urbanización de la zona comercial abierta de El Paso y, en concreto, de la fase III de la Avenida Islas Canarias.
El Ejecutivo dio el visto bueno a la modificación de crédito para financiar, vía subvención al Ayuntamiento de El Paso, esta obra con la que se pretende ayudar a reactivar la inversión y el empleo en este municipio palmero, dinamizando su zona comercial abierta, con una inversión de urbanismo en la arteria comercial más importante del mismo, como es la Avenida Islas Canarias.
De acuerdo con la memoria justificativa de esta propuesta de acuerdo, después de los efectos de la pandemia y, sobre todo, de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, se ha considerado necesario apoyar proyectos de dinamización comercial, especialmente en los municipios más afectados, como El Paso.
Desde el área regional de Comercio se ha querido intensificar su apuesta por las políticas de apoyo a las zonas comerciales abiertas de Canarias, posibilitando llevar a cabo una planificación de las obras de urbanismo comercial necesaria en Canarias. Y ello, a través de los planes directores insulares y zonales, y la financiación a través de los créditos existente en el FDCAN o directamente en la Dirección General de Comercio y Consumo, como es el caso.
El Gobierno da luz verde al plan de control de la Diocalandra frumenti en las palmeras de Lanzarote
El proyecto contará con un presupuesto de dos millones de euros y establecerá las medidas de erradicación de la plaga
El Gobierno de Canarias, en su sesión de hoy, ha aprobado el convenio de cooperación entre el Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Transición Ecológica para la elaboración y ejecución del plan de control y erradicación de la plaga de Diocalandra frumenti en las palmeras de la isla de Lanzarote.
El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y contará con una inversión de dos millones de euros, repartida a partes iguales entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote.
El objetivo es establecer las medidas fitosanitarias necesarias para acabar con la presencia de la Diocalandra frumenti, un insecto nocivo que afecta a las palmeras, en particular a la canaria.
Las actuaciones para llevar a cabo este proyecto contemplarán el incremento del número de capturas en el medio natural para el control de la expansión de este insecto. Por otro lado, se evitará la dispersión de la plaga y la aparición de nuevos núcleos de población en Lanzarote, así como la colonización de otras islas.
Otro de los objetivos será incrementar la eficacia de los métodos de control y evaluación de los impactos en el medio natural de la Diocalandra frumenti. Y por último, se apostará por mejorar el grado de conocimiento y sensibilización de la población respecto a esta problemática fomentando la participación ciudadana en las actuaciones de control.
El Gobierno autoriza el gasto de 2,7 millones de euros para infraestructura sociosanitaria en La Palma
La propuesta reconoce las razones de coyuntura económica para anticipar la anualidad de 2022 aunque las obras no estén aún culminadas
El Gobierno de Canarias ha autorizado en la sesión de Consejo de Gobierno el gasto de 2.696.579,15 euros que permitirá financiar gastos relativos a infraestructuras sociosanitarias de este año en la isla de La Palma.
Con esta propuesta de acuerdo se reconocen las razones de coyuntura económica para ampliación de este crédito con la finalidad de atender gastos del ejercicio corriente.
El expediente, tramitado a iniciativa de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, propone el abono anticipado de la anualidad 2022 del Convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reformas de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias.
Conforme a la Adenda suscrita con el Cabildo Insular de La Palma, “en el ejercicio 2022 se podrá librar, con carácter anticipado, hasta el 100% del importe de dicha anualidad, condicionado a lo que establezca la normativa correspondiente y siempre que se hubieran justificado, de acuerdo con las condiciones establecidas, los pagos realizados en el año 2021 aunque las nuevas infraestructuras o reformas de las ya existentes no estén aún culminadas.
Aprobada la modificación del convenio para la construcción del pabellón deportivo del IES Santa Úrsula
Se autoriza la prórroga del plazo de ejecución de las obras y la ampliación en 300.000 euros de la aportación del departamento de Educación al Ayuntamiento
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves, 29 de diciembre, la adenda de modificación y prórroga del convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife) cuyo objeto es llevar a cabo la redacción del proyecto y ejecución de obra en el pabellón deportivo cubierto del IES Santa Úrsula.
Conforme al acuerdo, se amplía en 10 meses el periodo de ejecución y de justificación de las obras, hasta el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de abril de 2023 respectivamente.
Asimismo, el Gobierno ha aprobado la nueva aportación económica de 300.000 euros, toda vez que los recursos económicos recogidos en el convenio no son suficientes para el desarrollo de estos trabajos.
Esta modificación responde al encarecimiento de materiales, al incremento del 9,10 % de la superficie útil definitiva de las instalaciones deportivas y a otros cambios en el proyecto, encaminados a posibilitar el uso de la infraestructura en beneficio de la población local, en horario no lectivo.
El currículo educativo de ESO y Bachillerato, a dictamen del Consejo Consultivo
Es el paso previo a su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno y su publicación en el BOC, con la que concluirá el proceso de elaboración y aprobación de las ordenaciones y currículos de las enseñanzas no universitarias en Canarias
El Consejo del Gobierno acordó hoy jueves, 29 de diciembre, solicitar con carácter urgente el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el Decreto por el que se establece la nueva ordenación y el currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en las islas, en el marco de la adaptación de esta enseñanza a la ley nueva educativa, la LOMLOE.
Con este paso comienza la última fase de tramitación para su aprobación inminente por parte del Ejecutivo canario y publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), con la que culmina el proceso de elaboración y aprobación de los currículos educativos y ordenaciones de las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma.
En ambas etapas se establecen los aprendizajes que han de regir la práctica docente, contribuyendo a la adaptación del sistema educativo canario a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030.
Tanto en la ESO como en el Bachillerato, se pretende que el alumnado acceda a aprendizajes imprescindibles, que garanticen una formación integral, holística y competencial, que contribuyan al pleno desarrollo de su personalidad y que lo preparen para cursar con aprovechamiento estudios posteriores o incorporarse al mundo laboral.
Los cambios introducidos por la LOMLOE modifican significativamente la ordenación y la organización de las enseñanzas de la ESO y del Bachillerato.
Se han establecido nuevas materias, se ha incorporado la nueva modalidad de Bachillerato General y se ha dado continuidad a materias propias de la Comunidad Autónoma que complementan la formación del alumnado en los diferentes ámbitos del conocimiento. Además, se han añadido materias relacionadas con las enseñanzas artísticas, la gestión de la economía personal o el desarrollo de una ciudadanía digital responsable.
Asímismo, la ordenación de ambas etapas incluye materias específicas relacionadas con la educación en el patrimonio natural, social e histórico-cultural canario. Estos aspectos, a su vez, impregnan la totalidad de los currículos, contribuyendo a que el alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma.
El nuevo modelo de currículo y la organización de las asignaturas otorga una mayor autonomía al profesorado y a los centros educativos, de forma que puedan desarrollar proyectos propios en pro de la integración de los distintos aprendizajes y el desarrollo de las competencias.
Gobierno y Ayuntamiento firmarán un convenio para construir una cubierta en una de las canchas del CEO Tijarafe
La cubierta, de 608 m², albergará un campo de baloncesto y voleibol
El Consejo de Gobierno autorizó hoy jueves, 29 de diciembre, la suscripción de un convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Tijarafe, en La Palma, para la redacción del proyecto y ejecución de las obras para la construcción de una cubierta en una de las canchas del Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO) Tijarafe.
Las obras previstas consisten en la construcción de una cubierta para la cancha situada al sur del complejo deportivo de este centro educativo, que abarca una superficie de 748,44 m², de los que se cubrirán 608 m².
Así, esta zona albergará un campo de baloncesto y voleibol, y también posibilitará el desarrollo de otras actividades deportivas en su interior. En la actualidad, el alumnado de este centro no dispone de una zona para la práctica deportiva a resguardo de las inclemencias meteorológicas.
Mediante el convenio, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se compromete, entre otros aspectos, a transferir al Ayuntamiento una aportación económica de 250.000 euros para contribuir a sufragar parte del coste total estimado, que asciende a 447.471 euros (incluido el IGIC), y que engloban, entre otros conceptos, la redacción del proyecto y el presupuesto de ejecución de la obra.
El plazo estimado para desarrollar estos trabajos es de nueve meses, incluidas las fases de toma de muestras, preparación y construcción, y el de inicio de las obras comenzará una vez se suscriba el acta de comprobación de replanteo.
La cooperación del municipio resulta imprescindible para llevar a cabo estos trabajos. En concreto, destaca su labor en la adquisición de suelo público para el desarrollo de la infraestructura, y sus competencias para la conservación y mantenimiento de esta.
Asimismo, la suscripción del convenio mejora la eficiencia en la gestión pública ya que permite reducir los plazos de ejecución al ser desarrollada por la administración más cercana, y posibilita la dotación de unas infraestructuras educativas modernas y adecuadas a las necesidades de la población.
Gobierno y el Ayuntamiento de El Pinar suscribirán un convenio para mejorar las instalaciones del CEIP Taibique
Se construirá una sala polivalente y se mejorará la accesibilidad del edificio, lo que supondrá una inversión total de 330.442 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aporta 301.082 y la corporación local, el resto
El Consejo de Gobierno autorizó hoy jueves, 29 de diciembre, la suscripción de un convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo autonómico, y el Ayuntamiento de El Pinar, El Hierro, para llevar a cabo la ejecución de mejoras en las instalaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Taibique.
La finalidad de esta obra es ofrecer una enseñanza en unas condiciones de mayor calidad desde el punto de vista arquitectónico, de espacio y de seguridad, que den cumplimiento a las condiciones técnicas que establece la normativa actual.
Para ello es necesario, por una parte, realizar actuaciones que permitan dotar al centro de una sala polivalente (196,90 m² útiles) adecuada para el desarrollo de la actividad docente. Asimismo, como parte de la intervención proyectada, se contempla la mejora de la accesibilidad de la entrada al centro educativo (84,42 m²).
El convenio establece, entre otros aspectos, que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes transferirá al Ayuntamiento para el desarrollo de la obra una aportación económica de 301.082,13 euros, incluido el IGIC, cuyo presupuesto total asciende a 330.441,99 euros, de los que la corporación local asume los 29.359 euros restantes. La cifra global incluye el desarrollo material de los trabajos, la dirección facultativa y de ejecución, y la coordinación de Seguridad y Salud. El plazo estimado de estas actuaciones es de cinco meses, que comenzarán una vez se suscriba el acta de comprobación de replanteo.
La colaboración del municipio resulta imprescindible para llevar a cabo estos trabajos. En concreto, destaca su labor en la adquisición de suelo público para el desarrollo de la infraestructura, y sus competencias para la conservación y mantenimiento de esta.
Asimismo, la suscripción del convenio mejora la eficiencia en la gestión pública ya que permite reducir los plazos de ejecución al ser desarrollada por la administración más cercana, y posibilita la dotación de unas infraestructuras educativas modernas y adecuadas a las necesidades de la población.
El Ejecutivo culmina el proceso de reestructuración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural
El Consejo aprueba medidas destinadas a cubrir los gastos de personal derivados del mayor número de efectivos fijos tras la reciente reestructuración de esta sociedad mercantil pública, así como los derivados de su gestión cultural
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy jueves, 29 de diciembre, la variación del presupuesto de explotación y capital del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) correspondiente al ejercicio 2022, así como una ampliación de crédito destinado a esta sociedad mercantil pública.
Estas medidas tienen como objetivo cubrir los gastos de personal derivados del mayor número de efectivos fijos establecidos en su reciente reestructuración, así como otros derivados de su actividad para la gestión cultural.
Como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, desde el área de Cultura del Gobierno de Canarias, y en concreto desde el ICDC, se ha puesto el foco principalmente en sostener durante estos últimos años el tejido empresarial de la cultura en Canarias, conformado por casi 6.000 empresas (pequeñas y medianas empresas, autónomos y el tejido asociativo), que dan empleo a más de 25.000 personas en la actualidad.
Con el fin de preservar este nivel de empleo, se precisa otorgar un apoyo público al sector con el fin de garantizar el sostenimiento del entorno cultural de las islas y preservar la actividad cultural en nuestro Archipiélago, un apoyo que se viene prestando a través de dicho Instituto.
De ahí que, con la nueva política cultural del Gobierno de Canarias, se fijara como prioridad una serie de actuaciones, siendo una de ellas la reestructuración de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural, dotándola de más personal fijo, por un lado, con ejecución de la política cultural diseñada por el Gobierno y poder así paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre el ecosistema cultural, y por otro, dar cumplimiento al objeto social de la misma.
El Gobierno aprueba la prórroga del tipo 0 del IGIC para el material sanitario contra el Covid otros seis meses
El Ejecutivo también aplicará el tipo 0 del impuesto a la importación de viviendas prefabricadas en La Palma por la erupción
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos un decreto-ley con diferentes medidas tributarias, entre ellas la prórroga hasta el 30 de junio de 2023 de la aplicación del tipo 0 al material sanitario contra el Covid-19.
El decreto señala que “la evolución del COVID-19 a lo largo del año 2022 no ha seguido una línea clara de estabilización, con la que haya podido presumirse su pronta finalización, al incrementarse los casos en diferentes períodos festivos y vacacionales; ello ha justificado que, por prudencia, se haya mantenido la obligatoriedad del uso de las mascarillas en determinados espacios cerrados”.
Es precisamente esa evolución la que explica la cuarta prórroga de la aplicación del tipo 0 del IGIC a determinados bienes sanitarios para combatir la pandemia, una medida que se tomó inicialmente en abril de 2020.
El decreto-ley también modifica otra norma del mismo rango por el que se adoptaron medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, de manera que ahora se incluye la importación de viviendas prefabricadas en el tipo 0 del IGIC.
El beneficiario de la medida deberá ser “una persona física propietaria, usufructuaria o nuda propietaria de una vivienda que se ha perdido, por haber quedado destruida, inhabitable o inaccesible de forma definitiva como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho”.
La norma establece que sólo se podrá aplicar se podrá aplicar el tipo cero a una casa prefabricada por persona física y que ésta deberá sustituir a la vivienda perdida, y ser montada y unida permanentemente al suelo ubicado en la isla de La Palma, antes del 31 de diciembre de 2026.
El Consejo aprueba destinar 334,8 millones de euros a la adquisición de medicamentos
Se prorrogan dos años los acuerdos marco de contratación de suministros para medicamentos de uso humano tipo II
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 29 de diciembre, a la Consejería de Sanidad a realizar el gasto correspondiente a la prórroga de los acuerdos marco de contratación de suministro de medicamentos de uso humano tipo II (exclusivos) con destino al Servicio Canario de la Salud.
El gasto asciende a un importe de 334.863.280,74 euros (con IGIC tipo 0), destinado a satisfacer las necesidades asistenciales de la red de hospitales, Centros de Atención Especializada (CAE) y centros de Atención Primaria.
Los medicamentos exclusivos son aquellos que no tienen competencia porque todavía no ha expirado la patente de los laboratorios que los suministran. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los medicamentos de innovación oncológica, algunos antirretrovirales, o aquellos indicados para el melanoma, escelerosis múltiple, cáncer de mama, dermatitis atópica o asma, entre otros.
En la memoria justificativa se indica que los correspondientes acuerdos marco con las empresas adjudicatarias se formalizaron el 19 de febrero de 2021, con una vigencia de dos años prorrogable por otro período de dos años, por mutuo acuerdo de las partes.
Ante la proximidad de la fecha de la finalización de la vigencia de los acuerdos marco y la necesidad de continuar con el suministro de los medicamentos, se considera necesario prorrogar los acuerdos hasta el 21 de febrero de 2025.
Para ello, se cuenta con el correspondiente informe favorable del Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud.
El Gobierno incluye en las OEP extraordinarias de estabilización las 24 plazas de Justicia excluidas
El Ejecutivo canario estima los recursos presentados por personal temporal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia tras el informe del Comité Jurídico Asesor
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y tras el informe del Comité Jurídico Asesor, dos decretos por los que se estiman los recursos presentados por personal temporal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se incluyen, en las ofertas extraordinarias de empleo público para la estabilización de empleo temporal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, las 24 plazas correspondientes a las funciones desempeñadas por los recurrentes y que habían quedado excluidas.
En el primero de los decretos, el Gobierno de Canarias estima el recurso interpuesto por una trabajadora contra el Decreto 114/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que se incorpore en esta oferta extraordinaria una plaza del Cuerpo Auxiliar.
La recurrente viene prestando servicios como funcionaria interina y con una antigüedad desde el 3 de octubre de 2016, ejerciendo las funciones propias del Cuerpo Auxiliar en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por lo que se consideraría de corta duración.
A través del segundo decreto, el Ejecutivo estima los recursos interpuestos por personal temporal al servicio de la Administración de Justicia contra el Decreto 115/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal de larga duración en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que se incluyan 23 plazas correspondientes a las funciones desempeñadas por los recurrentes: tres del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General; seis del Cuerpo Administrativo; y catorce del Cuerpo Auxiliar.
Este personal viene prestando servicios como funcionarios interinos y con una antigüedad anterior al 1 de enero de 2016 en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por lo que serían calificados de larga duración. Todos ellos desde hace 15, 17, 18, 19 o 22 años.
A juicio de los recurrentes, de conformidad con una interpretación material y no formal de la Ley 20/2021, en función de la cual se interpreta el concepto plaza como aquellas relativas a funciones recurrentes que se integran en la actividad ordinaria, y del normal funcionamiento de la Administración de que se trate, y concurriendo el resto de requisitos establecidos en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en relación con el artículo 2.1, se darían los presupuestos para la estabilización de dichas plazas dentro de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias
El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que viene precedido de informes emitidos por parte de las direcciones generales de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Función Pública, las viceconsejerías del Servicio Jurídico y de Justicia, y del Consejo Jurídico Asesor, se sustancia en que la Ley 20/2021 establece la obligación de ofertar las plazas que sean de naturaleza estructural, estén dentro o fuera de las relaciones de puestos de trabajo, y si no se estimasen los recursos se estaría incumpliendo el mandato legal de la Ley 20/2021.
Según el Gobierno canario, cuando dictó los decretos 114/2022 y 115/2022, de 20 de mayo, se desconocía que las plazas objeto de recurso no se ofertarían en la OEP de estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo), al entenderse que los mismos no realizan funciones estructurales ni recurrentes dentro de la Administración de Justicia.
En su opinión, no hay duda de que tanto la primera recurrente ha estado ocupando y ocupa plaza con carácter temporal de forma ininterrumpida, desde el 3 de octubre de 2016, como que el resto lo hace con anterioridad a 1 de enero de 2016 (disposición adicional sexta) o que han estado ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016 (disposición adicional octava).
Además, las plazas señaladas están dotadas presupuestariamente en las cuentas del ejercicio 2022 aprobado por la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, en el Capítulo 1 del Personal de la Administración de Justicia gestionado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, según consta en el certificado de la jefa de Sección de Control de Gasto de Personal de la Administración de Justicia de Canarias de la citada dirección general.
Aprobado el decreto que regula las dietas a recibir por la organización de las próximas elecciones al Parlamento
Define las indemnizaciones que tienen derecho a percibir los miembros de la Administración Electoral de Canarias y el personal a su servicio, con motivo de los comicios del 28 de mayo
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el decreto que regula los importes de las dietas a abonar a las personas que, con motivo de las próximas elecciones al Parlamento de Canarias, participen en la Administración Electoral de Canarias, tal y como establece la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias.
A través del presente decreto, se definen las dietas e indemnizaciones a percibir por las personas miembros de la Administración Electoral de Canarias y el personal a su servicio, las juezas y jueces de primera instancia o de paz, las personas representantes de la administración en las mesas electorales, así como el personal del Gobierno de Canarias, con motivo de las elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, prevé, en su artículo 13.1, que las Cortes Generales pongan a disposición de la Junta Electoral Central los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. El apartado 2 del citado artículo indica que la misma obligación compete al Gobierno y a los ayuntamientos, en relación con las juntas electorales provinciales y de zona y, subsidiariamente, a las audiencias provinciales y a los órganos judiciales de ámbito territorial inferior.
Además, señala que, en el caso de elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, las referidas obligaciones serán también competencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Asimismo, el artículo 22.1 de la referida ley orgánica prevé que las Cortes Generales fijen las dietas y gratificaciones correspondientes a los miembros de la Junta Electoral Central y al personal puesto a su servicio.
El apartado 2 del mismo artículo indica que las dietas e indemnizaciones correspondientes a los miembros de las restantes juntas electorales y personal a su servicio se fijan por el Gobierno. En este sentido, en el caso de elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, las indicadas compensaciones se fijan por el Consejo de Gobierno correspondiente, tanto en relación con la Junta Electoral de Comunidad Autónoma como a las de ámbito inferior.
En la elaboración de esta norma se han tenido en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe de 19 de diciembre de 2019, de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017, sobre la necesidad de profundizar en el reparto de cargas y costes entre el Estado y las comunidades autónomas, en los casos de concurrencia de los procesos electorales.
Según este proyecto de decreto, que consta de 14 artículos, repartidos en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales, la Junta Electoral de Canarias tendrá derecho, por el desempeño de sus funciones en las elecciones al Parlamento de Canarias, a indemnizaciones fijas dependiendo de su categoría: 5.423,61 euros a la presidencia; 4.881,61 euros a la vicepresidencia; 4.338,89 euros a la secretaría; 3.796,53 euros a las vocalías judiciales; 3.254,17 euros a las vocalías no judiciales, y 3.796,53 euros a la persona titular de la Delegación de la Oficina del Censo Electoral.
Los miembros de las juntas electorales provinciales también dispondrán de dietas. La presidencia de la junta tendrá derecho a 3.635,55 euros; 3.408,33 euros la secretaría; 1.590,56 euros las vocalías judiciales; 908,90 euros las vocalías no judiciales, y 1.590,56 euros la persona titular de la Delegación de la Oficina del Censo Electoral. Por su parte, en las juntas electorales de zona tiene derecho la presidencia de la junta, con una cuantía de 2.726,67 euros; 2.499,45 euros la secretaría; 1.136,11 euros las vocalías judiciales y 636,23 euros las vocalías no judiciales.
Las personas titulares de la secretaría de los ayuntamientos, por su condición de delegadas de las juntas electorales de zona, percibirán unas cantidades fijas que vendrán determinadas por el número total de mesas electorales que efectivamente se constituyan en el municipio o municipios en que actúen como tales, con independencia de la naturaleza de los agrupados o acumulados que tengan aquellos con relación al titular de la secretaría. De este modo, si el número no es superior a diez mesas, el importe abonado será de 817,90 euros; 908,90 euros entre 11 y 50 mesas, y 999,79 euros cuando el número de mesas sea superior a 50.
La persona titular de la secretaría de las respectivas juntas certificará la cantidad e identidad de las personas que habrán de percibir las indemnizaciones que se regulan en este artículo, así como los datos necesarios para poder percibirlas.
Los representantes de la Administración autonómica en las mesas electorales tienen derecho a una dieta cuya cuantía estará en función del número de mesas y la transmisión de datos: 123,60 euros a una mesa sin dispositivo; 144,91 euros a una mesa con transmisión de datos; 155,56 euros a dos o tres mesas con transmisión de datos y 177,94 euros a cuatro mesas o más con transmisión de datos. Si la persona es responsable de la coordinación, el importe a abonar será de 189,66 euros si es con una mesa con transmisión de datos; 197,12 euros si es con dos o tres mesas con transmisión de datos, y 220,56 euros si es con cuatro o más mesas con transmisión de datos.
El derecho a la percepción de las indemnizaciones anteriores se entiende referido a la totalidad del proceso electoral autonómico. En el supuesto de que se permanezca en el cargo por un tiempo inferior, se tendrá derecho a una cantidad proporcional al tiempo que haya permanecido en él.
Aprobada la oferta de empleo público del CGPC que incluye 100 nuevas plazas y permite superar los 350 efectivos
Esta OEP es gracias a la ampliación del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria aprobada por
el Gobierno el pasado 7 de diciembre con el propósito de desplegar el Cuerpo por todas las islas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves la oferta de empleo público (OEP) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) para 2022, una oferta complementaria de la OEP de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el presente año con la que se pretende incrementar el número de efectivos y poder tener presencia permanente en todas las islas.
La OEP incluye un total de 100 plazas, de las que 63 corresponden al sistema general de acceso libre, 10 al acceso mediante el sistema de concurso, en virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del CGPC, y 27 al sistema de promoción interna.
En concreto, de las 63 asignadas al sistema general de acceso libre, 61 están destinadas al empleo de policía (Escala Básica C1) y dos al de subcomisario (Escala Superior A1). De las diez cuyo acceso es por sistema de concurso, ocho son para el empleo de policía y dos para el de oficial (Escala Básica C1).
De las 27 de promoción interna, nueve son para el empleo de oficial, otras nueve para el de subinspector (Escala Ejecutiva A2), seis para el de inspector (Escala Ejecutiva A2) y tres para el de subcomisario.
Esta OEP, que va a permitir alcanzar los 359 efectivos, ha sido posible gracias a la ampliación del catálogo de puestos de trabajo del CGPC, aprobada mediante el Decreto 225/2022, de 7 de diciembre, por el Gobierno de Canarias.
Con ella se cumple el compromiso de superar los 300 policías, adquirido por Julio Pérez al inicio de la legislatura, para facilitar un mejor despliegue territorial del Cuerpo y estar o acudir a todas las islas. Un despliegue que ahora se logra no sin dificultades organizativas y un esfuerzo personal de los propios policías.
Debido a que el citado decreto fue aprobado con posterioridad al que dio pie a la OEP de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, ha sido preciso realizar una OEP complementaria del CGPC para el presente ejercicio.
El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife suscriben una nueva adenda al convenio para la ampliación del Hospital del Sur
El Consejo de Gobierno autoriza una segunda adenda al convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife para saldar los gastos derivados por la construcción del hospital y la transmisión de la propiedad de la parcela
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 29 de diciembre, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la suscripción de la Adenda II al convenio de colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y el Cabildo Insular de Tenerife para la liquidación de las obligaciones recíprocas derivadas de la construcción del Complejo Hospitalario y sociosanitario de la zona sur/suroeste de la isla de Tenerife y centro de atención especializada (CAE), así como la transmisión de la propiedad.
Esta nueva adenda tiene por objeto la modificación y prórroga al convenio que permite el intercambio de las parcelas asignadas a cada Administración, la actualización de la liquidación y las anualidades previstas, así como su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023.
El SCS y el Cabildo de Tenerife habían suscrito en 2019 la primera adenda del convenio de colaboración, firmado en diciembre de 2018, para la liquidación económica de las obligaciones contraídas durante la construcción del Hospital del Sur de Tenerife y la realización por parte de la Corporación insular de las operaciones patrimoniales necesarias para la transmisión al SCS de los inmuebles destinados a usos sanitarios.
En este contexto, la comisión de seguimiento del convenio acordó el pasado 12 de septiembre la aprobación del informe de liquidación, en el que se recoge que el importe resultante de la liquidación y la formalización de la transmisión de la propiedad de la parcela asciende a 2.280.010 euros para financiar en 2023 y requería de la tramitación de esta segunda adenda del convenio.
Segunda adenda al convenio
Esta segunda adenda establece la transmisión al Servicio Canario de la Salud de la parcela que en el convenio se había asignado al Cabildo Insular por ser la localización más adecuada para la ampliación del Hospital del Sur. Para ello, el Cabildo de Tenerife tramitará la agrupación registral de las fincas e iniciará la tramitación del expediente de mutación demanial, condición necesaria para la transmisión de la propiedad a la comunidad autónoma.
Plan funcional para la ampliación del hospital
Una vez suscrita la adenda, la consejería de Sanidad procederá a acometer la ampliación del Hospital del Sur de Tenerife con el objeto de continuar reforzando la asistencia sanitaria a la población residente en la zona sur y dar, así, una respuesta adecuada a las necesidades asistenciales actuales y futuras.
Para ello, se edificará un nuevo edificio, a través de la adenda al convenio con el Cabildo de Tenerife, que permitirá incrementar la superficie del centro actual en 20.000 metros cuadrados y otros 8.000 de reorganización de los espacios, hasta alcanzar una superficie total de 47.000 metros cuadrados.
Esta infraestructura supondrá una inversión de alrededor de 40 millones de euros y permitirá la incorporación de nuevos servicios asistenciales como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de adultos y pediátrica, área de Pediatría específica, servicio de Diálisis, Hospital de Día y la ampliación del área quirúrgica y de otros servicios como el de Farmacia, además de crear áreas técnicas y de apoyo tales como almacenes, talleres y áreas administrativas y de gestión que completarán la comarcalización de la atención especializada en Tenerife mediante su acercamiento geográfico a la población de las comarcas sur y suroeste.
Ese nuevo edificio estaría conectado con el resto de los edificios actualmente funcionantes creando una solución total para las necesidades hospitalarias de la ciudadanía residente en esta zona.
El Gobierno formaliza los cambios en AvalCanariaspara potenciar la concesión de avales a empresas
La reducción del capital social suscrito por las administraciones públicas permitirá mantener la actividad de concesión de avales cuando se
reactiven las reglas fiscales
El Gobierno de Canarias formalizó hoy la renuncia de uno de los miembros del Consejo de Administración de AvalCanarias en representación de la Comunidad Autónoma, lo que, unido al acuerdo adoptado la semana pasada para la reducción del capital social de la Administración autonómica, permitirá potenciar la labor que desarrolla esta sociedad de garantías recíprocas.
Con los cambios producidos y la reducción del capital por parte de los Cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, el peso del sector público quedará por debajo del 50%, lo que liberará a la propia sociedad de determinadas obligaciones legales para la concesión de avales a las empresas de las Islas, que es precisamente su principal cometido.
El hecho de que las administraciones públicas tengan más del 50% de las participaciones en la empresa implica que la Intervención de la Administración General del Estado (IAGE) clasifique a la sociedad como como unidad institucional pública dependiente de la Comunidad Autónoma integrada en la Contabilidad Nacional en el sector Administraciones Públicas.
Esta clasificación tiene efectos perversos, tanto para AvalCanarias como para la propia Comunidad Autónoma, sobre todo en el marco de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.
Hasta tal punto que con el eventual restablecimiento de las reglas fiscales, se tuviera que solicitar autorización previa al Consejo de Ministros para la concesión de avales, lo que originaría de facto un bloqueo de la actividad de la sociedad.
Dado que no fue posible que la IAGE reclasificara a la sociedad dentro del sector Instituciones Financieras – subsector Auxiliares- tal y como se solicitó desde Canarias, ésta decidió formalizar la reducción del capital social suscrito y desembolsado por la Comunidad Autónoma por 1,4 millones de euros y de un importe similar distribuido entre los cabildos de Gran Canaria (740.000 euros), Tenerife (277.000 euros) y Fuerteventura (462.000 euros).
Como consecuencia de tales movimientos, el peso del sector público será del 49,29%. Los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura ya han aprobado también su minoración.
Además, dado que las entidades de crédito que participan en AvalCanarias (Caixabank y Cajasiete) también han duplicado el capital que tienen actualmente suscrito, el peso de los protectores públicos quedaría en el 47,57%.
Los estatutos de AvalCanarias fijan su capital mínimo en los 10 millones de euros, siendo el capital suscrito a 31 de diciembre del año pasado de 15.201.934 euros. Con la reducción solicitada a los distintos socios protectores de las administraciones públicas, la cifra del capital suscrito se situaría en 12.241.768,60 euros, respetándose los niveles mínimos de solvencia.
De esta cantidad, la Comunidad Autónoma participará ahora con 3,9 millones de euros.
El Consejo de Gobierno autoriza una revisión excepcional de los precios de la obra del tramo El Tanque-Santiago del Teide
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la realización del gasto correspondiente al abono adicional por revisión excepcional de precios en la obra del tramo El Tanque-Santiago del Teide, correspondiente al cierre del Anillo insular de Tenerife, con una dotación de 8.356.828,99 euros y con motivo del incremento de los precios en las materias primas y materiales.
En este caso, se trata de la autorización de gasto relativo a la segunda revisión de precios, llevada a cabo hasta noviembre de 2022, tras el informe técnico de supervisión correspondiente y la conformidad del contratista para desarrollar este proceso.
Esta medida fue aprobada por el Gobierno de Canarias el pasado mes de abril, a instancias de una normativa estatal que instaba a las comunidades autónomas y entidades locales a realizar esta revisión en los contratos del sector público, todo ello regulado a través del Real Decreto ley 3/2022, de 1 de marzo.
En este sentido, desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se han mantenido diferentes encuentros de trabajo con las dos patronales de la construcción en el archipiélago, para conocer sus necesidades y poner en marcha medidas que eviten que las empresas constructoras que trabajan con las administraciones canarias se vean perjudicadas y se puedan compensar las pérdidas que sufren derivadas del incremento extraordinario de los precios de los materiales, primero por las restricciones a la movilidad por la covid-19 y ahora por la inflación derivada de la coyuntura de crisis internacional.
A pesar de que la ley de indexación de 2015 dejó de revisar los precios de los contratos públicos, la Consejería de Obras Públicas ha incorporado en la mayoría de sus contratos la revisión de precios en base a los índices de precios de los materiales de obras que publica el INE periódicamente. Los últimos datos reflejan que el coste de materiales siderúrgicos, bituminosos y de aluminio y de cobre ha registrado un incremento de un 11,22% en un ejercicio anual.
El Gobierno autoriza, tras nuevos informes de Hacienda, la recuperación del 5% de las retribuciones de GSC
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta de los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, Román Rodríguez, Julio Pérez y Blas Trujillo, respectivamente, autorizar la recuperación de las retribuciones del 5% minoradas en el año 2010 al personal de la sociedad mercantil pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA (GSC), en los términos del apartado primero del acuerdo del acto de conciliación judicial de 10 de noviembre de 2021, en el proceso de Conflicto Colectivo 12/2020 seguido ante la Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal de Justicia de Canarias.
Este acuerdo, que afecta a 201 trabajadores de la empresa pública adscrita a las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, comprende, en primer lugar, la actualización salarial, a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad a lo que deberá añadirse los incrementos de los años posteriores. La cuantía estimada es de 2.125.196,03 euros teniendo en cuenta los montantes imputables de 2019.
Los efectos de este acuerdo se aplicarán al personal de GSC que vio reducidas sus retribuciones en 2010 y que en el año 2022 aún estaba prestando servicios en la empresa y se abonarán únicamente la parte de los periodos de los años 2019 a 2022.
Una vez que el Gobierno canario ha dado el visto bueno a la autorización, tras nuevos informes emitidos por Hacienda, la recuperación salarial y el abono de los atrasos que pudieran derivarse está previsto realizarse un tercio en 2022, otro tercio en 2023 y el último en 2024.
Hasta ahora, el acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACFI PRESS
